Vuelta a empezar. El juicio contra General Motors (GM) por la muerte de un trabajador por su exposición al amianto en la planta de Figueruelas se suspendió de nuevo ayer después de que las partes rompieran el acuerdo inicial al que habían llegado durante la vista oral. En esta ocasión, se produjo un "malentendido" a la hora de "redactar la terminología" del pacto con sus correspondientes cláusulas, si bien la cuantía a percibir por la parte demandante --algo más de 100.000 euros-- no fue el motivo de la discrepancia. Según pudo saber este diario, al parecer el origen estuvo en que la multinacional del automóvil quería que la demandante --Amparo M. R., viuda de la víctima-- reconociera que GM no era responsable de la muerte.

El caso, que se dirime en el Juzgado de lo Social número 5 de Zaragoza, ya vivió un episodio similar el pasado mes de noviembre. Entonces, las partes decidieron aplazar el juicio hasta ayer al faltar "ciertos documentos y resoluciones que podían interesar a las partes", como una procedente de la Inspección de Trabajo sobre el recargo en las prestaciones por falta de medidas de seguridad, aunque el acuerdo, como ayer, estaba muy próximo.

Ahora, las partes vuelven a estar a la espera de un nuevo señalamiento. La abogada de la demandante, Susana Tirado, lamentó "que estemos igual que hace dos meses" y haya que "partir de cero otra vez". La letrada insistió en que el desacuerdo se debe a "un tema conceptual" y no económico, ya que "cuando se llega a un acuerdo sin juicio nadie asume ni exige culpas", dijo, y añadió que "no hay constancia oficial" de otros casos de fallecimiento por exposición al amianto en GM. Al juicio de ayer acudieron representantes sindicales y extrabajadores de Figueruelas.

ENFERMEDAD PROFESIONAL

La víctima, L. T. B., trabajó durante 28 años como mecánico en GM y entre 1983 y 1986, a temporadas y debido a la falta de personal, se le destinaba a la nave de chasis --contigua al lugar en el que desempeñaba su tarea habitual--, donde lijaba zapatas de freno para ajustarlas al tambor. Estas contenían amianto, y el polvo generado era eliminado por soplado, por lo que, según la demandante, "estaba expuesto al mencionado mineral sin que existieran controles ni las debidas medidas de seguridad".

En abril del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) reconoció la muerte derivada del amianto. Según considera acreditado la sentencia --que ratifica la del Juzgado de los Social número 4 de Zaragoza, al no admitir el recurso de la Seguridad Social--, la exposición al asbesto le provocó, tras un periodo de latencia de unos 25 años, un derrame pleural izquierdo maligno por mesotelioma (cáncer de pulmón) que acabó por causarle la muerte en diciembre del 2011. "El señor T. no recibió orden alguna relativa a precaución en esa actividad de lijado de zapatas, ni usaba mascarilla", recogía la sentencia. Además, ambas naves --garaje y chasis-- estaban unidas por una puerta abierta de considerables dimensiones. Al trabajador le fue concedida la incapacidad temporal cuatro meses antes.